Derechos del trabajador y el rol de los órganos de defensa de la sociedad en los procesos laborales contra el Estado

Por: Zárate Quezada, Carlos AlbertoTipo de material: TextoTextoIdioma: Español Editor: La Paz: Universidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Derecho, 2000Descripción: 127 p. ; 31 cmTema(s): Tesis | Derecho | Derecho laboral | Derecho público | BoliviaClasificación CDD: DER0008 Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho) - Universidad Privada San Francisco de Asís, 2000. - Tutor: Dr. Guillermo Torres López. Resumen: El derecho al trabajo es uno de los derechos fundamentales que tiene el hombre, por esta razón se constituye en un bien jurídicamente tutelado, por ello la Carta Fundamental Boliviana establece que las normas laborales son del orden público y de cumplimiento obligatorio. El trabajo cumple una función social en el entendido que el trabajador satisface sus necesidades particulares y las de su familia, la misma que se constituye el núcleo de la sociedad. Por otra parte aporta al Estado con los impuestos provenientes de las utilidades fruto de su trabajo. El Ministerio Público es el órgano cuya función principal es la defensa de los intereses del Estado y la Sociedad. Al elaborar esta norma los legisladores no tomaron en cuenta que en algunas circunstancias el Estado puede asumir la calidad de demandado frente a la sociedad; en este caso el Ministerio Público se encuentra ante un conflicto de intereses y una función dual teniendo a la sociedad y al Estado en una posición antagónica, protegiendo en definitiva los intereses del Estado menoscabando los intereses de la sociedad. La posición asumida por el Ministerio Público pone en situación de inseguridad jurídica a la sociedad civil, expresada en el propio trabajador y cuya condición en el ámbito productivo exige su reconceptualización como “ciudadano económico” componente de la sociedad y que puede exigir sus derechos como tal.
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Tesis (Licenciado en Derecho) - Universidad Privada San Francisco de Asís, 2000. - Tutor: Dr. Guillermo Torres López.

El derecho al trabajo es uno de los derechos fundamentales que tiene el hombre, por esta razón se constituye en un bien jurídicamente tutelado, por ello la Carta Fundamental Boliviana establece que las normas laborales

son del orden público y de cumplimiento obligatorio.

El trabajo cumple una función social en el entendido que el trabajador satisface sus necesidades particulares y las de su familia, la misma que se constituye el núcleo de la sociedad. Por otra parte aporta al Estado con los impuestos provenientes de las utilidades fruto de su trabajo.
El Ministerio Público es el órgano cuya función principal es la defensa de los intereses del Estado y la Sociedad. Al elaborar esta norma los legisladores no tomaron en cuenta que en algunas circunstancias el Estado puede asumir la calidad de demandado frente a la sociedad; en este caso el Ministerio Público se encuentra ante un conflicto de intereses y una función dual teniendo a la sociedad y al Estado en una posición antagónica, protegiendo en definitiva los intereses del Estado
menoscabando los intereses de la sociedad.
La posición asumida por el Ministerio Público pone en situación de inseguridad jurídica a la sociedad civil, expresada en el propio trabajador y cuya condición en el ámbito productivo exige su reconceptualización como “ciudadano económico” componente de la sociedad y que puede exigir sus derechos como tal.

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