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005			20250506161803.0
008			t bo gr 001 | spa||
017			_a4-1-4072-2024
040			_aBOLpUSFA
041			_aspa
044			_cBO
082			_aBO 341.481 _bSA235d
100			_aSantiago Salame, Soraya
110			_aDerechos en Acción
245			_aEl debido proceso como garantía para el ejercicio de los derechos humanos. Litigio Internacional ante el Sistema Interamericano
260			_aLa Paz: _bDerechos en Acción, _c2024
300			_a177 p.
520			_aCONTENIDO I. INTRODUCCIÓN II. OBLIGACIONES DEL ESTADO BOLIVIANO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS II.1. Obligación de respeto de los derechos humanos. II.2. Obligación de garantía de los derechos humanos. II.3. La doctrina del bloque de constitucionalidad y el control difuso de convencionalidad. Su recepción en el Estado boliviano. III. EL DEBIDO PROCESO COMO GARANTÍA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS III.1. La falta de independencia judicial en Bolivia. El caso Ligia Velásquez. III.2. El derecho de acceso a la justicia y el debido proceso de las personas LGBTIQ+ en Bolivia. El caso David Aruquipa y Guido Montaño. III.3. El derecho de acceso a la justicia y el debido proceso de las mujeres víctimas de violencia. III.3.1. La Impunidad frente a los feminicidios. El Asesinato de Juana Quispe Apaza. III.3.2. Violencia institucional contra las mujeres por parte de los servicios de salud. Los casos I.V. y María Nieves Quispe. III.4. El derecho de acceso a la justicia y el debido proceso de las personas pertenecientes a una Nación Originaria o Pueblo Indígena Campesino. El caso "24 de Mayo". III.5. El derecho de acceso a la justicia y el debido proceso para proteger la libertad de pensamiento y la objeción de conciencia. El caso de José Ignacio Orías. III.6. El carácter reforzado del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso en casos de privación de libertad. Los casos de Ascencio Cruz, Juan Bascopé y Jhiery Fernández Sumi. III.6.1. El punto de partida para garantizar el debido proceso. La dignidad de las personas privadas de libertad. III.6.2. El carácter inderogable de la prohibición de tortura y la inexistencia de justificación para su perpetración. III.6.3. Et acceso a la justicia frente a las torturas, batos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las personas privadas de libertad. El papel de garante del Estado. III.6.4. El debido proceso reforzado de las personas privadas de libertad. El papel de garante primario de los jueces. IV. REFLEXIONES FINALES
650			_aLegislación
650			_aDerechos humanos
650			_aJurisprudencia
650			_aDerecho internacional
650			_aViolencia contra la mujer
650			_aPrivación de libertad
650			_aTortura
651			_aBolivia
942			_2ddc _cLI _zLLO
999			_c9491 _d9491