Reglamentación de el consejo mancomunado de transparencia y lucha contra la corrupción en los Municipios con población menor a 30.000 habitantes
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TextoIdioma: Español Editor: La Paz: Universidad Privada San Francisco de Asís, Carrera de Derecho, 2018Descripción: viii, 78 p. ; 28 cm. cuadrosTema(s): Tesis | Corrupción | Corrupción pública | Ley 974 | Lucha contra la corrupciónClasificación CDD: DER0206 Nota de disertación: Tesis (Licenciado en Derecho) - Universidad Privada San Francisco de Asís, 2018. - Tutor: Lic. Gonzalo Paredes Vargas Resumen: La motivación de la presente investigación es la necesidad de contribuir en los mecanismos de prevención y lucha contra Ia corrupción en Ios Gobierno Autónomos Municipales, de manera que se pueda brindar un control más efectivo, entendiendo que cada acto corrupto representa una violación de Ios principios a la igualdad y no discriminación, mismos que son garantizados y protegidos por el Estado Plurinacional de Bolivia.
El presente trabajo de investigación expone que existe un vacío legal en referencia a la reglamentación de Ios Consejos Mancomunados de Transparencia y lucha contra la Corrupción constituyendo esto un obstáculo en el proceso de erradicar la corrupción, para enfatizar en el tema, este estudio toma como base fundamental Ia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley No. 974, Decreto Supremo No. 214, El Decreto Supremo No. 29894, etc.
Ley No. 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra Ia Corrupción de fecha 4 de septiembre de 2017 regula el trabajo de las Unidades de Transparencia y Lucha contra Ia Corrupción en el Estado de Bolivia, instituyendo la creación de Consejos Mancomunados de Transparencia y lucha contra Ia Corrupción, esto con Ia finalidad de combatir la corrupción en Ios Gobiernos Autónomos Municipales que cuenten con una población menor o igual a treinta mil (30.000) habitantes.
El Decreto Supremo No. 214, Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responde a los principios sobre prevención y lucha contra la corrupción instituidos en la Constitución Política del Estado que incorpora el control social, la transparencia y el acceso a la información, Ia imprescriptibilidad de actos de corrupción, la rendición de cuentas y la participación social en las políticas anticorrupción. La Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción busca fortalecer el proceso de desarrollo democrático y transparencia.
El Decreto Supremo No. 29894 de fecha 07 de febrero de 2009, constituyo al Ministerio de Transparencia lnstitucional y Lucha Contra Ia Corrupción, creando en las entidades Ia obligatoriedad de constituir una Unidad de Transparencia, posteriormente modificado por el Decreto Supremo No. 3058 del 22 de enero de 2017 convirtiéndose en Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
En este entendido, el resultado de la investigación develará Ia importancia de la reglamentación de Ios Consejos Mancomunados de Transparencia y Lucha Contra Ia Corrupción, teniendo en cuenta que Ia eficacia de la gestión institucional seré alcanzable cuando Ios órganos regidores cumplan su función de fiscalización, Ios servidores públicos ocupen Ia responsabilidad de sus actos y la sociedad civil ejerza el control comprometido de los recursos del Estado.
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Tesis | DER0206 M843r T (Navegar estantería) | Disponible | 2019-0824 |
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Tesis (Licenciado en Derecho) - Universidad Privada San Francisco de Asís, 2018. - Tutor: Lic. Gonzalo Paredes Vargas
La motivación de la presente investigación es la necesidad de contribuir en los mecanismos de prevención y lucha contra Ia corrupción en Ios Gobierno Autónomos Municipales, de manera que se pueda brindar un control más efectivo, entendiendo que cada acto corrupto representa una violación de Ios principios a la igualdad y no discriminación, mismos que son garantizados y protegidos por el Estado Plurinacional de Bolivia.
El presente trabajo de investigación expone que existe un vacío legal en referencia a la reglamentación de Ios Consejos Mancomunados de Transparencia y lucha contra la Corrupción constituyendo esto un obstáculo en el proceso de erradicar la corrupción, para enfatizar en el tema, este estudio toma como base fundamental Ia Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley No. 974, Decreto Supremo No. 214, El Decreto Supremo No. 29894, etc.
Ley No. 974 de Unidades de Transparencia y Lucha Contra Ia Corrupción de fecha 4 de septiembre de 2017 regula el trabajo de las Unidades de Transparencia y Lucha contra Ia Corrupción en el Estado de Bolivia, instituyendo la creación de Consejos Mancomunados de Transparencia y lucha contra Ia Corrupción, esto con Ia finalidad de combatir la corrupción en Ios Gobiernos Autónomos Municipales que cuenten con una población menor o igual a treinta mil (30.000) habitantes.
El Decreto Supremo No. 214, Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responde a los principios sobre prevención y lucha contra la corrupción instituidos en la Constitución Política del Estado que incorpora el control social, la transparencia y el acceso a la información, Ia imprescriptibilidad de actos de corrupción, la rendición de cuentas y la participación social en las políticas anticorrupción. La Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción busca fortalecer el proceso de desarrollo democrático y transparencia.
El Decreto Supremo No. 29894 de fecha 07 de febrero de 2009, constituyo al Ministerio de Transparencia lnstitucional y Lucha Contra Ia Corrupción, creando en las entidades Ia obligatoriedad de constituir una Unidad de Transparencia, posteriormente modificado por el Decreto Supremo No. 3058 del 22 de enero de 2017 convirtiéndose en Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
En este entendido, el resultado de la investigación develará Ia importancia de la reglamentación de Ios Consejos Mancomunados de Transparencia y Lucha Contra Ia Corrupción, teniendo en cuenta que Ia eficacia de la gestión institucional seré alcanzable cuando Ios órganos regidores cumplan su función de fiscalización, Ios servidores públicos ocupen Ia responsabilidad de sus actos y la sociedad civil ejerza el control comprometido de los recursos del Estado.
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